La comunidad de Barbuda han estado luchando contra lel proyecto de construcción de un aeropuerto internacional, que serviría como puerta de entrada a un desarrollo aún más grande, que comenzó justo cuando estaban lidiando con el impacto del huracán Irma. Este artículo, escrito por Franziska Schmidt y revisado por John Mussington, detalla la campaña y lo que podemos aprender de ella.

La construcción del aeropuerto de Barbuda comenzó inmediatamente después del huracán Irma, durante una evacuación forzada de toda su población a la isla vecina de Antigua. Desde el principio, este aeropuerto internacional con una terminal de jets privados estaba destinado a servir como punto de acceso para un desarrollo mucho más grande: residencias de lujo, financiadas por el gobierno de Antigua y Barbuda y desarrolladores inmobiliarios con sede en EE. UU. Los gobiernos de Antigua, Barbuda y Redonda habían permitido que la construcción comenzara sin los permisos necesarios y sin las evaluaciones de impacto ambiental adecuadas o sin consultar a la comunidad. De manera crucial, el aeropuerto y el desarrollo asociado violan el sistema de tenencia común de la tierra de Barbuda y amenazan tanto la frágil vida silvestre como la autosuficiencia local. En una larga batalla legal, John Mussington y Jacklyn Frank, habitantes de Barbuda, desafiaron la violación por parte del gobierno de las leyes nacionales y las normas ambientales internacionales, como el Acuerdo de Escazú. Los tribunales nacionales aún no han considerado el caso y los equipos legales de los acusados intentaron que se desestimara el asunto argumentando que, como personas comunes, John y Jacklyn no tenían «capacidad legal». En febrero de 2024, el Consejo Privado, que actúa como tribunal de apelación de última instancia de Antigua y Barbuda, afirmó su derecho a impugnar el desarrollo en nombre de la comunidad y el medio ambiente. Por lo tanto, el caso sienta un precedente legal importante para los ciudadanos que quieren desafiar a sus gobiernos por proyectos de desarrollo que involucran violaciones ambientales.

«Para que puedas vender propiedades de lujo, tienes que construir estas comunidades exclusivas y tener el título de propiedad absoluta de la tierra. Estas comunidades exclusivas atenderían a millonarios y multimillonarios que llegarán a la isla en sus jets privados. Esencialmente, este aeropuerto se estaba construyendo para facilitar este proceso de establecer un mercado inmobiliario de lujo en Barbuda. Si esta política del gobierno tiene éxito, significará la eliminación de los habitantes de Barbuda en términos de nuestra cultura, porque nuestra cultura, nuestros medios de vida dependen del acceso equitativo a la tierra y los recursos». – Juan Mussington

Cronología de la Resistencia

6 de septiembre de 2017: El huracán Irma, de categoría 5, sin precedentes, azota Barbuda, destruyendo viviendas, medios de vida e infraestructuras. 8 de septiembre de 2017: Se declaró el estado de emergencia y la evacuación obligatoria con la intención de evacuar a los 1800 residentes a la vecina Antigua, que no se vio afectada significativamente por la tormenta. Días después del huracán: con la mayoría de la comunidad de Barbuda aún fuera, las excavadoras comienzan a talar el bosque en preparación para la construcción de un nuevo aeropuerto. Mientras tanto, los esfuerzos del gobierno para restablecer los servicios esenciales en Barbuda, incluidos el agua, la electricidad, los hospitales y las escuelas, siguen siendo mínimos. Formas de resistencia: El movimiento Barbuda Silent No More y Save Barbuda se fundan para proporcionar información y contrarrestar la falsa narrativa que se está difundiendo sobre el desastre en Barbuda y para proteger los derechos a la tierra y desafiar los proyectos de desarrollo dañinos. John y Jackie se unen a la red Stronger Caribbean Together (SCT) como representantes de Save Barbuda, recibiendo apoyo de la red para su audiencia el 8 de noviembre de 2023. Su trabajo también incluye la sensibilización a través de las redes sociales, la participación en talleres y la contribución al documental «Paradise Not For Sale«. 9 de julio de 2018: John Mussington y Jacklyn Frank, en representación de la comunidad de Barbuda y representados por la abogada internacional de derechos humanos Leslie Thomas KC, solicitan una revisión de la decisión del gobierno de construir el aeropuerto y solicitan que se detenga la construcción. 2 de agosto de 2018: El Tribunal Superior concede la medida cautelar y dictamina que la construcción debe detenerse inmediatamente.

3 de agosto de 2018: El gobierno apela la decisión del tribunal. 11 de septiembre de 2018: Se levanta la medida cautelar. 18 de septiembre de 2018: John y Jacklyn solicitan una segunda medida cautelar para detener la construcción del aeropuerto hasta que se llegue a una decisión final. Marzo de 2019: Global Legal Action Network (GLAN) se une a la lucha, brindando asistencia legal y logística y comenzando un crowdfunding para lo que esperan que sea «una larga batalla legal por delante». 7 de febrero de 2020: El Tribunal Superior confirma que John y Jackie tienen «capacidad legal», es decir, el derecho a impugnar el proyecto sobre la base de leyes que exigen la opinión pública sobre los desarrollos. Sin embargo, el tribunal se niega a ordenar la detención de la construcción, argumentando que causaría más interrupciones en este punto. John y Jackie apelan ante la Corte Suprema. 29 de abril de 2021: El Tribunal Supremo del Caribe Oriental dictamina que, como personas comunes demandantes, carecen de «interés suficiente» según las Reglas de Procedimiento Civil de 2000. Se permite que la construcción del aeropuerto continúe. John y Jackie presentan una solicitud ante el Consejo Privado del Reino Unido, el tribunal de apelación de última instancia de Antigua y Barbuda. 27 de febrero de 2024: El Consejo Privado del Reino Unido reconoce el derecho legal de John y Jackie a impugnar la construcción del aeropuerto. Su desafío legal continúa a pesar de la apertura preliminar del aeropuerto.

4 de noviembre de 2024: estaba previsto el inicio de las vistas en la Audiencia Nacional, pero se han retrasado hasta después de la fecha de redacción de este informe, en enero de 2025.

Barbuda en contexto

Barbuda es el más pequeño y menos poblado del estado de dos islas de Antigua y Barbuda. Con la abolición de la esclavitud en 1834, la comunidad de Barbuda estableció un sistema de tenencia comunal de la tierra que otorga a sus habitantes el derecho a parcelas de tierra, para vivienda, agricultura o para establecer un negocio. La propiedad común garantiza un alto nivel de igualdad y es fundamental para la identidad y el estilo de vida de Barbuda. La Ley de Tierras de Barbuda de 2007 confirmó que quienes habitan Barbuda compartían el título común sobre la tierra y sus recursos y exigía su consentimiento para cualquier desarrollo importante. Por lo tanto, los proyectos que afecten de manera importante a la economía, la infraestructura o el medio ambiente de la isla deberán contar con el apoyo de la mayoría de la comunidad de Barbuda, así como del Consejo de Barbuda elegido. La tenencia comunal de la tierra no existe en Antigua, que depende del turismo a gran escala. El turismo en Barbuda, por el contrario, es a pequeña escala, y gran parte de la isla permanece en su estado natural. Un tercio de la superficie total de Barbuda está formada por humedales de manglares, y gran parte de ellos están designados como parque nacional, que es también el único sitio Ramsar del país. Los medios de subsistencia se sustentan en el uso de tierras comunales para la caza, la pesca y la agricultura en pequeña escala, así como para el ecoturismo.

El huracán Irma y el capitalismo del desastre

Irma, el huracán más fuerte jamás registrado en el Atlántico en ese momento, golpeó Barbuda directamente en septiembre de 2017, dañando la mayoría de las infraestructuras principales y el 90% de todos los edificios. La mayoría de las 1.800 personas de la comunidad fueron evacuadas a la vecina Antigua, algunas de loas que se negaron a irse fueron desligadas con grilletes, muy pocas nunca se fueron. El apoyo gubernamental para restablecer los servicios esenciales y reconstruir los medios de subsistencia siguió siendo mínimo durante meses. Días después del huracán y mientras la población de Barbuda estaba fuera, el gobierno permitió que los contratistas ingresaran a la isla para comenzar a trabajar en la construcción de un aeropuerto internacional. Destruyeron tierras comunales que la comunidad de Barbuda había utilizado para el pastoreo, la agricultura y la caza y que habían proporcionado hábitat a especies raras como el gamo y la tortuga de patas rojas. El trabajo de construcción solo llamó la atención del público cuando John Mussington, un biólogo marino de Barbuda que se había negado a la orden de evacuación, filmó la demolición de lo que anteriormente había sido tierra de bosque virgen. Pronto quedó claro que el aeropuerto estaba destinado a un desarrollo mucho más grande que transformaría grandes partes de la isla en comunidades residenciales exclusivas para los ultra ricos. El gobierno de Antigua y Barbuda había aprobado estos proyectos sin consultar al pueblo de Barbuda, sin solicitar la aprobación del Consejo de Barbuda ni preparar una Evaluación de Impacto Ambiental. La financiación provino del propio gobierno en asociación condos empresas inmobiliarias con sede en Estados Unidos: «Peace, Love, Happiness» (PLH) y «Discovery Land Company», que nuevamente cuentan con el respaldo de los multimillonarios John Paul DeJoria y Mike Meldman. El primer ministro, Gaston Browne, apoya actualmente una estrategia de desarrollo basada en la privatización y el turismo de lujo, confirmando que el aeropuerto abriría Barbuda a los promotores privados. A raíz de Irma, su gobierno derogó la Ley de Tierras de Barbuda y aprobó una legislación para permitir la propiedad privada en un intento continuo de desmantelar los derechos comunales a la tierra.

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Desarrollos de lujo dañinos en Barbuda

GLAN también apoya el caso legal contra el proyecto Cedar Tree Point, un desarrollo propuesto de casas de lujo que pone en peligro el Parque Nacional Codrington Lagoon. Se trata de un humedal designado por Ramsar y una colonia de anidación de importancia internacional y hábitat para la fragata magnífica y otras especies amenazadas y en peligro de extinción.

Al igual que con otros proyectos de privatización en la isla, también viola los derechos locales a la tierra y su acceso, amenazando así los medios de vida. Por lo tanto, el guía turístico y pescador de Barbuda George Jeffery ha impugnado el plan y la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad de Control del Desarrollo. El caso está siendo escuchado por el tribunal.

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Barbuda y el cambio climático

Como isla plana y baja, Barbuda es vulnerable a los efectos del colapso climático, tales como huracanes, inundaciones, sequías y erosión costera. El aeropuerto y el desarrollo conectado agravan estas amenazas:

• La pista fue construida sobre acuíferos que son críticos para el suministro de agua subterránea de la isla
• El desarrollo destruyó humedales listados internacionalmente que habían disminuido el impacto de las tormentas e inundaciones que se pronosticaba que empeorarían
• La pista de aterrizaje, una gran zona asfaltada, está afectando al clima a nivel local
• Más aviación, especialmente la contaminación desproporcionada causada por los jets privados, exacerbará el colapso climático
• mientras que los propietarios de casas de lujo pueden volar a un lugar seguro, los habitantes de Barbuda sufrirán las consecuencias ambientales

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Tácticas dilatorias judiciales y persistencia activista

John Mussington, biólogo marino y director de escuela jubilado, y Jacklyn Frank, maestra jubilada, decidieron desafiar al gobierno por sus violaciones legales. Solicitaron por primera vez una medida cautelar en julio de 2018 y fueron representados por Leslie Thomas KC, una abogada internacional de derechos humanos que apoyaría su caso en todo momento. El Tribunal Superior concedió la medida cautelar poco después de dictaminar que todas las obras de construcción tendrían que detenerse. La audiencia reveló que el Departamento de Medio Ambiente (DoE, por sus siglas en inglés) había advertido al gobierno de brechas significativas en la Evaluación de Impacto Ambiental y que los departamentos gubernamentales no habían cumplido con la Ley de Planificación Física de 2003. Este éxito inicial no duró mucho. Tras una apelación del gobierno, la orden judicial se levantó pocas semanas después de la primera decisión del tribunal. En septiembre de 2018, John y Jackie solicitaron una segunda orden judicial en desafío a la amenaza del gobierno de reclamar daños y perjuicios si su batalla legal continuaba. Después de esperar un año y medio, el tribunal rechazó esta medida cautelar. Si bien el juez afirmó que John y Jackie tenían «capacidad legal», no se concedió la detención de la construcción. Aun así, John y Jackie no se dieron por vencidos y desafiaron la decisión en la Corte Suprema del Caribe Oriental. En una revocación crítica de decisiones anteriores, el juez dictaminó que, como civiles comunes, no tenían «suficiente interés» para impugnar el proyecto y permitió que la construcción continuara. John resume la importancia de esto: «Los abogados de la administración del gobierno central y de la Autoridad de Control del Desarrollo, que eran responsables en el caso, introdujeron este concepto de ‘legitimación’. Afirmaban que, como civiles comunes, no teníamos la base legal ni la autoridad para llevar el caso a los tribunales. De haberlo logrado, habría sentado un precedente con implicaciones significativas para otros países atendidos por el Consejo Privado y por el Acuerdo de Escazú». «Activistas medioambientales de todo el mundo suelen encontrar trabas en impedimentos procesales que hacen que los litigios sean costosos y lentos, un subterfugio empleado por quienes destruyen el medio ambiente para su propio beneficio», comentó Sarah O’Malley de GAN.

La sentencia del Consejo Privado del Reino Unido

John y Jackie llevaron el caso al Consejo Privado, con sede en Londres, el tribunal de apelaciones más alto de Antigua y Barbuda. En una decisión crucial que sienta un precedente legal importante, el tribunal declaró que cualquier persona con una preocupación genuina por el medio ambiente y un conocimiento básico del tema puede presentar tales reclamos, incluso sin ser expertos. John Mussington dijo: «Esto significa que otras personas en toda la región que se enfrentan a problemas por parte de gobiernos que están imponiendo actividades de desarrollo que afectan a su medio ambiente y, por lo tanto, a sus vidas y medios de subsistencia, ahora también tienen la capacidad de presentar un desafío legal de este tipo». El tribunal:

• criticó al gobierno de Antigua y Barbuda por eludir los procesos adecuados de consulta pública y ambiental, como lo exige la Ley de Planificación Física de 2003.
• Referenciado explícitamente Compromiso de Antigua y Barbuda con el Acuerdo de Escazú. Esto sienta un precedente para todas las naciones signatarias, permitiendo a personas comunes desafiar desarrollos potencialmente dañinos y protegiendo la tierra de inversores extranjeros ricos y el oportunismo económico después de un desastre.

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El Acuerdo de Escazú

El tratado fortalece y protege la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Hasta ahora ha sido firmado por 25 países y ratificado por 17. Sus puntos principales son:

• Acceso a la información ambiental: Garantiza que el público tenga derecho a obtener información ambiental oportuna y transparente.
• Participación pública en la toma de decisiones ambientales: Protege el derecho de las comunidades y las personas afectadas a participar en asuntos ambientales
• Acceso a la justicia en asuntos ambientales: Proporciona mecanismos de impugnación de violaciones ambientales para toda la ciudadanía, pero especialmente para los grupos marginados o vulnerables.
• Protección para quienes defiendan el medio ambiente

Es el primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe y el primero a nivel mundial en incluir explícitamente tales protecciones. Su implementación es un trabajo en progreso, pero ya se está utilizando en casos en toda la región.

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El precedente de Escazú

La decisión del Consejo Privado refuerza los principios del Acuerdo de Escazú de participación pública, acceso a la justicia y protección del medio ambiente: 1. Fortalecimiento de los Derechos de Participación Pública:
El Acuerdo de Escazú enfatiza el derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones ambientales. La decisión del Consejo Privado afirmó que los ciudadanos comunes, no solo los expertos, tienen capacidad legal para impugnar las violaciones ambientales. 2. Acceso a la justicia ambiental:
Al reconocer que barbadenses como John Mussington y Jacklyn Frank tienen derecho a presentar una revisión judicial, el fallo amplía el alcance de los esfuerzos de protección ambiental liderados por la comunidad. 3. Rendición de cuentas por las evaluaciones ambientales:
El Consejo Privado destacó las deficiencias en el proceso de aprobación del proyecto aeroportuario, lo que refuerza la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental sólidas. Este es un componente clave del Acuerdo de Escazú. Por lo tanto, el caso sirve como un hito para las naciones caribeñas y más allá, alentando a otras comunidades a invocar el tratado en disputas similares.

La lucha continúa

El aeropuerto se inauguró en octubre de 2024, sustituyendo al pequeño aeropuerto local que hasta ahora había servido a los habitantes de Barbuda. Con su derecho a la información ambiental y a la participación confirmada por el Consejo Privado, John y Jackie ahora llevarán el caso de vuelta a los tribunales de Antigua y Barbuda. Exigirán la divulgación completa de la Evaluación de Impacto Ambiental del aeropuerto, con el objetivo de demostrar que la construcción fue ilegal y potencialmente buscar su demolición. «¿Qué pasa después? Bueno, para John, Jackie y la gente de Barbuda, estamos de vuelta en los tribunales… decimos que este aeropuerto se está construyendo ilegalmente y […] si tenemos razón, vamos a pedirle al gobierno que derribe el aeropuerto, lo hacen correctamente porque no lo han hecho correctamente en primer lugar», dijo Leslie Thomas KC.

Lecciones aprendidas: ¿qué funcionó en la lucha contra el aeropuerto de Barbuda?

• Hay que prepararse para ser persistente: Los gobiernos y/o los desarrolladores tienen los recursos para trabar el activismo mediante largas batallas judiciales. Llegar hasta el Consejo Privado dio sus frutos, sentando un precedente legal y obligando al gobierno de Antigua y Barbuda a reevaluar el caso.
• Trabajar con juristas: Jackie subraya la importancia de que personas expertas den consejos sencillos que ayuden a las personas activistas a ayudarse a sí mismas. GLAN apoyó la lucha con un crowdfunder que permitió a John y Jackie acceder a abogados internacionales de derechos humanos de Garden Court Barristers en Londres.
• Conociendo y conectando con otras luchas en la región: John y Jackie se unieron a Stronger Caribbean Together, descubriendo desarrollos similares en otros países de América del Sur y el Caribe. Esto fue útil porque, según John, «se ve un patrón. Y una vez que entiendes ese patrón, entonces eres más capaz de oponer la resistencia necesaria que necesitas».
• Entendiendo cómo funcionan tus oponentes: John aconseja a toda persona activista a «[…] investigar a quienes hacen las cosas. Conoce quienes son y aprende cómo operan, porque eso mismo hacen contigo y tu comunidad a la hora de imponer sus agendas, investigando cómo operas y cuáles son tus debilidades. Investiga para saber como actúan y eso te ayudará a combatirlos». Internet puede ser una herramienta útil para la investigación.
• Informar a los demás: Jackie enfatiza la importancia de la divulgación y la conexión: «Otra forma efectiva que encontramos para desafiar es el uso de las redes sociales. Dar a conocer la información para que la gente pueda saber exactamente lo que está pasando».
• El Acuerdo de Escazú: Los tratados internacionales y los precedentes legales pueden marcar la diferencia. De hecho, Antigua y Barbuda fue uno de los primeros signatarios del Acuerdo de Escazú, lo que refuerza los compromisos con la transparencia y los derechos de las comunidades.

Escucha más en esta grabación de las «Jornadas de Reflexión: Conflictos Territoriales y Expansión Aeroportuaria en América Latina y el Caribe» (aporte de John Mussington y Jacklyn Frank):

https://youtube.com/watch?v=rG8sEIxFxnA%3Fsi%3DrPh3kfwzPE_JFUbB%26start%3D3066